Álvaro Ramírez Velasco
El todavía presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el panista Héctor Sánchez Sánchez, y su esposa, la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva Ruiz, quien, de acuerdo con muchas fuentes, suele meter mano, con descaro y con abuso, en asuntos del Poder Judicial del estado de Puebla, son temerariamente desafiantes de la rectitud, la corrección y, sobre todo, la legalidad.
Hay media decena de normas que el aún titular del Máximo Tribunal poblano está agraviando, junto con ella como legisladora, y que también una docena de funcionarios está violando, y que luego podrían representar, en caso del éxito probatorio de una posible denuncia, responsabilidades graves.
Todo, por el empeño de hacer una campaña institucional del Tribunal con un avatar de la legisladora, claramente identificado con sus características genotípicas.
De este tema dimos cuenta, pues se utilizó desde el viernes pasado para anunciar la campaña “Medidas de Protección 24/7”, que dirige el TSJ a las mujeres poblanas.
Hay claras evidencias de que se realiza con dolo y, como pretensión ulterior, para la vida política futura de la consorte de Sánchez.
Pero encima de todo, como suele decir la vox populi, la pareja se va a llevar “entre las patas” a varios colaboradores que, aunque personalmente les son fieles a ellos, cobran emolumentos que provienen del erario estatal.
Este lunes, en un acto institucional, se presentó el Chatbot “Esperanza”, con el que el TSJ pretende contribuir a prevenir la violencia intrafamiliar.
En la mampara aparece la promoción. En las imágenes se simula una conversación de WhatsApp y el avatar de Mónica está en la imagen del perfil del Chatbot. Lo peor es que si uno guarda el número, efectivamente, es la imagen real que aparece.
El avatar no se cambió, a pesar de ser la imagen de Silva Ruiz; el acto fue oficial y en tiempos y con recursos públicos del TSJ.
A los trabajadores los están usando en sus tiempos laborales y en las actividades institucionales, para este caso, en el que hay una promoción personalizada, con un “mote, efigie, figura, fotografía o nombre de una persona en específico” -dice la norma sobre campañas anticipadas- y cuya falta aquí se configura.
En esencia, y Héctor Sánchez, aunque no es propiamente un jurista, sino más bien un litigante común, debería saberlo, se agrede el Artículo 134 Constitucional, en su Octavo Párrafo, sobre la prohibición de hacer promoción personalizada con recursos públicos.
Ella es diputada, podría tener una vez al año promoción personalizada para su informe, pero ¡no con los recursos del Poder Judicial!
También este caso plantea la posibilidad de una denuncia por actos anticipados de campaña de la esposa de Héctor Sánchez, pues además hay un “fin inequívoco de obtener un lucro” personal que puede después redundar en lo político-electoral, pues es claro que el tema es sobre ella, anticipadamente y con recursos públicos.
El titular de la entidad que estaría cayendo en desvío de recursos es él, pero la pareja en pleno es la agresora de las leyes.
El avatar, tan parecido a Mónica Silva, que se está utilizando para la campaña del TSJ es, desde muchos ojos, idéntico a la diputada.
El diseñador, un protegido de Mónica, por cierto, podrá argumentar que se inspiró en otra persona o en otro ente, para hacerlo.
Ahora, el tema es de solvencia probatoria, ¿un peritaje arrojaría la misma conclusión?
¿Le entran?
