El Elegido: ¿Una convocatoria ya pactada? Crece la preocupación por el perfil y posibles conflictos de interés en la postulación de Germán Reyna y Herrero
En medio del proceso para elegir al próximo Auditor Superior del Estado de Puebla, diversas voces han comenzado a expresar inquietud por la percepción de que la convocatoria estaría “pactada” de antemano. La narrativa que circula en sectores políticos y ciudadanos apunta a que el aspirante Germán Reyna y Herrero sería el favorito desde antes de que la contienda concluyera, un escenario que, de confirmarse, recordaría prácticas del viejo estilo priista donde los acuerdos previos anulaban la competencia real.
Estas suspicacias se alimentan de la idea —no comprobada, pero cada vez más comentada— de que habría acercamientos previos entre el aspirante y altos perfiles de la Auditoría Superior de la Federación. Para críticos del proceso, cualquier negociación paralela a la convocatoria debilitaría la credibilidad institucional y desvirtuaría la finalidad de una fiscalización autónoma.
Más allá de las percepciones políticas, el perfil profesional de Reyna y Herrero también ha generado debate. Su trayectoria muestra una sólida formación en auditoría, fiscalización y consultoría, con casi dos décadas asesorando a empresas nacionales e internacionales y participando como auditor externo para distintas instancias públicas.
Sin embargo, esta misma experiencia abre preguntas legítimas sobre posibles conflictos de interés. Reyna y Herrero es socio fundador de ARH Consultores, firma especializada en auditoría, blindaje fiscal y defensa corporativa. Para algunos observadores, la cercanía de un candidato con una cartera de clientes empresariales podría generar dudas sobre su capacidad para auditar de manera independiente a quienes —directa o indirectamente— podrían haber sido beneficiarios de sus servicios privados.
La inquietud central es clara: ¿puede un Auditor Superior servir simultáneamente al Estado y a los intereses privados que representa una firma de consultoría? Aunque en la ley existen mecanismos para evitar interferencias, la sola percepción de que una autoridad fiscalizadora podría auditar a actores con los que mantuvo o mantiene vínculos profesionales plantea un desafío de credibilidad que la institución no puede darse el lujo de ignorar.
La biografía del aspirante muestra logros relevantes en el ámbito académico, legislativo y empresarial; no obstante, analistas insisten en que la independencia no solo debe existir, sino también parecer incuestionable. En un contexto donde la ciudadanía exige transparencia y procesos libres de pactos previos, cualquier rastro de negociación paralela o de conflicto de interés podría poner en entredicho no a una persona, sino a toda la estructura de fiscalización del estado.
El reto ahora es que la elección del Auditor Superior garantice un proceso abierto, verificable y sin favoritismos. Para una institución encargada de vigilar el uso de los recursos públicos, la autonomía no puede ser aspiracional: debe ser absoluta.